Este último es uno de los más acuciantes, el de los órganos encargados de hacer cumplir lo recogido en las diferentes sentencias. Por ejemplo, que un hombre ingrese en la prisión o que se le retire el carné a un conductor que dio positivo en alcoholemia, por poner dos casos.
La preocupación por esta cuestión ya salió a relucir en la última entrevista a los candidatos a presidentes en la sede del Consejo General del Poder Judicial que se celebró el pasado miércoles.
En Valencia existen cuatro juzgados de ejecutorias. Actualmente, los órganos mantienen unas 10.000 sentencias sin ejecutar. «Se encuentran en diferentes trámites, no significa que estén en un cajón», aclara el decano de los jueces, Pedro Viguer, entre los que cita requisitorias o averiguación de bienes, entre otras posibilidades.
Viguer reconoce la saturación de estos juzgados, aunque la situación ha mejorado y se espera que lo siga haciendo a lo largo de los próximos meses. «De lo que se trata ahora es de sacar el papel atrasado», insiste. Una de las circunstancias que ha contribuido a paliar esta situación es el hecho de que tanto Torrent como Paterna «ejecuten ellos las sentencias que generan». Y esto ha aliviado la carga de trabajo.
Una de las candidatas al TSJ, Pilar de la Oliva, ya reflexionó acerca de este problema y propuso dedicar dos de estos órganos únicamente a ejecutar sentencias de violencia de género. De esta forma se aprovecharían mucho mejor los recursos, según su opinión. «Es una posibilidad a estudiar», opinó Viguer.
José de Madaria, otro de los candidatos a presidente, lamentó que sólo en un juzgado se registren más de 6.000 resoluciones pendientes. Para él, la cuestión sería «unificar» los criterios. Una solución que ya se está aplicando en Valencia para agilizar la tramitación de los casos.
Pedro Castellano, por su parte, también recoge en su programa soluciones para dar salida a las miles de sentencias. El quid de la cuestión radica en que cuando un juzgado de lo Penal, por ejemplo, manda un fallo a ejecutorias, «el juez que la recibe no tiene ningún conocimiento del caso. Empieza desde cero a interpretar la ejecución de la sentencia».
Y entonces es el turno de los abogados, que no dejan pasar la oportunidad -están en su derecho- de presentar recursos y alargar el proceso. También esto influye en el atasco judicial. La solución sería que el mismo magistrado que dicta sentencia elaborara «un auto de ejecución provisional» en el que quedaran recogidas las directrices.
Motivar y ser más eficaces
Otro asunto no menos importante y en el que han coincidido todos los aspirantes al TSJ es la motivación de los jueces. En la Comunitat hay alrededor de 520 magistrados, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Desencantados por la falta de medios, exceso de trabajo y en última instancia, además, por la bajada de sueldos. La consecuencia más evidente de todo lo anterior fue la huelga que protagonizaron los magistrados, una protesta que también generó división dentro del colectivo.
Todos los aspirantes al alto tribunal subrayaron la necesidad de ser más eficientes y aprovechar mejor los recursos independientemente de la reclamación de más jueces (8,9 por cada 100.000 habitantes). En este sentido se trata de alcanzar la ratio de magistrados del resto de España (10 por cada 100.000). Urge este equilibrio más todavía en una autonomía como la Comunitat, la tercera con más litigiosidad. Y contra esta cuestión ya es más complicado luchar porque no depende directamente del sistema sino de la voluntad de los ciudadanos. No obstante, también se puede potenciar la mediación.
Otra de las cuestiones a tratar será la sobrecarga de trabajo y el retraso en los señalamientos. La avalancha de litigios judiciales ha obligado a poner fechas a juicios cuya demanda se había presentado un año antes. No es de extrañar esta situación ya que los juzgados de lo Social de Valencia realizan el doble de trabajo de lo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según la estadística del primer semestre.
La crisis, en el espectro judicial, parece haber tocado techo porque los últimos datos indican una tendencia ligeramente a la baja. No obstante, pese a esta circunstancia, todavía se lamenta la carga de trabajo de los órganos mercantiles, que son de los más saturados de todos los órganos con casi el triple de asuntos de los que se consideran recomendables.
